Hoy, dentro de nuestra campaña por la necesidad urgente de hacer Huelga General, publicamos un texto firmado por Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Muy Interesante...
Estamos a una semana de la huelga general del día 29 de septiembre y los ánimos están caldeados. Los argumentos que la justifican se van consolidando con cada día que pasa ante la deriva que ha tomado la política económica de un gobierno que se apellida socialista pero que está aplicando una política de ajuste al más puro estilo thatcheriano, con un presidente que no duda en vanagloriarse ante los tiburones de Wall Street de lo bien que ha hecho las reformas que aquellos, entre otros, demandaban.
A nadie se le escapa a estas alturas que se trata de una política de ajuste que está haciendo recaer su peso de forma directa e indirecta sobre quienes que nada han tenido que ver con el origen de la crisis: trabajadores y desempleados.
Así, en un ejercicio de cinismo de difícil parangón, este gobierno ha solicitado esfuerzos, sacrificios, sangre, sudor y lágrimas de quienes más se están viendo perjudicados por la crisis; los mismos que, por otra parte, son los que menos se beneficiaron de los años de bonanza que la precedieron.
Y es que debemos borrar de nuestro imaginario colectivo la idea de que los años de crecimiento económico fueron años dorados para los trabajadores de este país porque esos años también fueron:
de incremento en la precarización de las relaciones laborales: si en 1998 la tasa de temporalidad era del 32%, en 2006, después de los intensos años de crecimiento de la economía española, el porcentaje había aumentado hasta el 34%.
de reducción del porcentaje que supone la masa salarial en el total de la renta nacional a pesar de ser años de intenso crecimiento del empleo: si en el año 2000 el 49,5% de la renta nacional correspondía a la masa salarial, en 2009 había bajado medio punto y se situaba en el 49% a pesar de que la tasa de empleo en esos años había aumentado en unos quince puntos, síntoma inequívoco de que la economía española generaba empleos de menor salario.
de pérdida de poder adquisitivo de los salarios: mientras que los ingresos anuales de los trabajadores aumentaron en un 35,15% entre 1998 y 2009, en ese mismo periodo los niveles de precios habían aumentado en un 44,7%, es decir, los salarios habían perdido casi 9 puntos porcentuales de su poder adquisitivo.
de profundización en la desigualdad en la distribución de la renta: mientras que entre 1998 y 2008 los beneficios de las mayores empresas españolas aumentaron en un 73%, los costes laborales tan sólo lo hicieron en un 3,7%. Es más, España sigue teniendo unos costes laborales por hora que lo distancian enormemente de las principales economías europeas: así, frente a un coste laboral por hora de 16,36 euros en 2007 en Francia ese coste era de 31,24 euros y en Dinamarca de 34,74 euros.
Unos años de supuesta bonanza a los que le han seguido estos que llevamos de crisis y que, por tanto, también están siendo
de incremento exponencial del desempleo: en estos momentos la tasa de desempleo española duplica la de la media comunitaria, situándose en el 20,3% de la población activa.
de reducción de los salarios nominales: baste con recordar la reciente disminución del 5% del sueldo de los funcionarios públicos.
de pérdida de poder adquisitivo de los salarios: en el segundo trimestre de 2010 se ha registrado la menor subida salarial de la última década, un 0,4% de media -es decir, apenas han aumentado-, con el agravante de que el coste de la vida medido a través del IPC creció durante ese trimestre en un 1,6%, es decir, cuatro veces más.
de incremento de la pobreza: baste señalar que más de 630 mil hogares de este país –esto es, el 3,7% de los mismos- carecen de ningún tipo de ingresos y viven bien de la caridad bien de la economía sumergida y que ese número se ha multiplicado por cuatro en los últimos cuatro años. Sirva también recordar que en 2009 el 10,8% de los adultos entre 18 y 55 años y el 9,9% de los niños vivían en hogares donde ninguno de sus miembros trabajaba y no olvidemos tampoco que el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza no ha bajado en ningún año del periodo de crecimiento económico del 19,5% y, por tanto, es más que previsible que los próximos datos disponibles nos muestren también su crecimiento exponencial.
de “mejora” en el porcentaje de precarización por la vía de no renovación de los contratos temporales y, aún así, seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con más temporalidad (25,4%) después de Polonia.
de insuficiencia de los ingresos salariales para satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores: en 2008, la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza era del 10,6% y el número de personas que estaban empleadas pero que necesitaban de un segundo trabajo casi se había duplicado entre 1997 y 2009.
de asimetría en el tratamiento fiscal de los salarios frente a las rentas del capital: en este caso el dato es europeo y nos indica que en 2008 la carga fiscal que soportaban las rentas del trabajo (el 16,7%) duplicaba la que aguantaban las del capital (8,6%) por término medio en la Unión Europea.
En definitiva, años de supuesta bonanza a los que han seguido ajuste económico y social puro y duro, sin contemplaciones.
Una huelga general ciudadana
Sin embargo, y a pesar de su necesidad incuestionable, esta huelga tenía que haber sido planteada desde el primer momento desde una perspectiva diferente a la que se ha revestido -esto es, como una huelga de los trabajadores-, a pesar de que, probablemente, no había más posibilidad que plantearla en esos términos.
Me explico. En una sociedad en que los movimientos sociales se encuentran casi desactivados gracias a la tarea sistemática de eliminación de los espacios de encuentro público, de desprecio de las formas de organización colectiva y de fomento del individualismo más exacerbado, sólo unos sindicatos mayoritarios muy debilitados en su legitimidad y credibilidad podían ser los convocantes y, por tanto, el eje de la reivindicación que da sentido a esta huelga necesariamente estaría centrado en la cuestión laboral y su deterioro.
Sin embargo, esta huelga general tiene justificaciones más amplias que trascienden el ámbito laboral a pesar de que éste sigue siendo su eje fundamental porque el reconocimiento de una gran parte de los derechos sociales está vinculado a la participación previa en el mercado de trabajo. Y son más amplias porque la ofensiva neoliberal que ha orquestado este gobierno para, según ellos, sacarnos de la crisis afecta a todos los ciudadanos, a su bienestar y a derechos sociales básicos que ven mermadas sus posibilidades de hacerse efectivos. Es por ello que el llamamiento debiera haberse hecho a toda la ciudadanía, no solicitando su apoyo sino su participación activa. Es decir, había que haber convocado una huelga general ciudadana.
Y es que la huelga sólo puede ser un éxito si cuenta, de entrada, con la participación de los más de cuatro millones de personas que están desempleadas. Ese día los desempleados de este país deben entender que la razón de su desgracia no es culpa de los sindicatos y que, aún pudiendo haberse sentido desamparados por ellos, sólo en un apoyo táctico, al menos por ese día, podrán encontrar esos sindicatos vías para su regeneración. Será entonces, ya pasada la huelga, el momento de exigirles responsabilidades por lo que tuvieron que haber hecho y no hicieron, de reclamarles un cambio de rumbo y proponerles que se sitúen a la vanguardia de un movimiento de regeneración social que centre el recuperación de los vínculos de solidaridad y el respeto y defensa de lo público el eje de su actividad. Pero, insisto, ya después de la huelga y en una situación de empoderamiento; castigarlos ahora sería castigarnos a nosotros mismos y pasar a enfrentarnos solos y de rodillas a la ley del mercado.
Y trabajadores y desempleados deben sentirse acompañados por el resto de la ciudadanía porque, en definitiva, esta crisis nos afecta a todos pero proporcionalmente mucho más a quienes menos tienen.
De hecho, si hay algo frente a lo que indudablemente hay que posicionarse ese día es frente a la asimetría tan brutal con la que este gobierno ha enfrentado la distribución de los costes de la crisis: con independencia de que la misma acabara golpeando a todos los ciudadanos, el gobierno no ha dudado en proteger a bancos e instituciones financieras, para salvaguardar el buen nombre de un sistema bancario que no tuvieron empacho en promocionar como uno de los más sólidos del mundo.
Para ello, han hecho recaer el peso del ajuste sobre el resto de la población: trabajadores que pasan a ingresar las colas del paro o que ven reducido su salario; desempleados que asisten al agotamiento de sus prestaciones sin que se les ofrezcan más que unas ayudas de miseria que necesariamente los abocan a la economía sumergida o a la exclusión social; pensionistas que ven congeladas sus pensiones y, por tanto, reducido su ya de por sí menguado poder adquisitivo; pequeñas y medianas empresas que se ven ahogadas y abocadas al cierre por la restricción crediticia impuesta desde el sistema financiero, agujero negro al que llegan los fondos del Banco Central Europeo y de las emisiones de deuda avaladas por el Estado y que acaparan sin permitir que fluya hacia quienes los necesitan y demandan.
Todos ellos, sin excepción, debieran sentirse interpelados por esta crisis y extraer de ella sus conclusiones. Y la conclusión, a mi modo de ver, no es más que una; la misma que provoca que la población francesa, por ejemplo, salga masivamente a las calles para defender sus derechos sociales: o de una vez por todas se lanza el mensaje de que no estamos dispuestos a pasar por el aro de un programa de ajuste que centra en la clase trabajadora y en el raquítico Estado de bienestar español el centro de recorte o atengámonos a las consecuencias.
Unas consecuencias que nadie debe esperar que sean meramente coyunturales o que pasarán rápidamente. Que nadie se llame a engaños: por mucha palabrería con la que se quiera ocultar, esta crisis va para largo y sus perspectivas de finalización apuntan a un futuro más bien distante y en el que nada asegura que se recuperen los niveles de bienestar y empleo de estos años atrás. De hecho, no tardarán en aparecer economistas liberales y servicios de estudios de instituciones financieras que afirmen que la tasa de desempleo estructural de la economía se ha elevado y que, por lo tanto, debemos acostumbrarnos a vivir con un mayor desempleo o que hay que seguir profundizando en las reformas porque las rigideces del mercado de trabajo impiden disminuir dicha tasa.
Así que, o plantamos cara ahora, de una vez por todas, o acabarán lloviéndonos piedras.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Estamos a una semana de la huelga general del día 29 de septiembre y los ánimos están caldeados. Los argumentos que la justifican se van consolidando con cada día que pasa ante la deriva que ha tomado la política económica de un gobierno que se apellida socialista pero que está aplicando una política de ajuste al más puro estilo thatcheriano, con un presidente que no duda en vanagloriarse ante los tiburones de Wall Street de lo bien que ha hecho las reformas que aquellos, entre otros, demandaban.
A nadie se le escapa a estas alturas que se trata de una política de ajuste que está haciendo recaer su peso de forma directa e indirecta sobre quienes que nada han tenido que ver con el origen de la crisis: trabajadores y desempleados.
Así, en un ejercicio de cinismo de difícil parangón, este gobierno ha solicitado esfuerzos, sacrificios, sangre, sudor y lágrimas de quienes más se están viendo perjudicados por la crisis; los mismos que, por otra parte, son los que menos se beneficiaron de los años de bonanza que la precedieron.
Y es que debemos borrar de nuestro imaginario colectivo la idea de que los años de crecimiento económico fueron años dorados para los trabajadores de este país porque esos años también fueron:
de incremento en la precarización de las relaciones laborales: si en 1998 la tasa de temporalidad era del 32%, en 2006, después de los intensos años de crecimiento de la economía española, el porcentaje había aumentado hasta el 34%.
de reducción del porcentaje que supone la masa salarial en el total de la renta nacional a pesar de ser años de intenso crecimiento del empleo: si en el año 2000 el 49,5% de la renta nacional correspondía a la masa salarial, en 2009 había bajado medio punto y se situaba en el 49% a pesar de que la tasa de empleo en esos años había aumentado en unos quince puntos, síntoma inequívoco de que la economía española generaba empleos de menor salario.
de pérdida de poder adquisitivo de los salarios: mientras que los ingresos anuales de los trabajadores aumentaron en un 35,15% entre 1998 y 2009, en ese mismo periodo los niveles de precios habían aumentado en un 44,7%, es decir, los salarios habían perdido casi 9 puntos porcentuales de su poder adquisitivo.
de profundización en la desigualdad en la distribución de la renta: mientras que entre 1998 y 2008 los beneficios de las mayores empresas españolas aumentaron en un 73%, los costes laborales tan sólo lo hicieron en un 3,7%. Es más, España sigue teniendo unos costes laborales por hora que lo distancian enormemente de las principales economías europeas: así, frente a un coste laboral por hora de 16,36 euros en 2007 en Francia ese coste era de 31,24 euros y en Dinamarca de 34,74 euros.
Unos años de supuesta bonanza a los que le han seguido estos que llevamos de crisis y que, por tanto, también están siendo
de incremento exponencial del desempleo: en estos momentos la tasa de desempleo española duplica la de la media comunitaria, situándose en el 20,3% de la población activa.
de reducción de los salarios nominales: baste con recordar la reciente disminución del 5% del sueldo de los funcionarios públicos.
de pérdida de poder adquisitivo de los salarios: en el segundo trimestre de 2010 se ha registrado la menor subida salarial de la última década, un 0,4% de media -es decir, apenas han aumentado-, con el agravante de que el coste de la vida medido a través del IPC creció durante ese trimestre en un 1,6%, es decir, cuatro veces más.
de incremento de la pobreza: baste señalar que más de 630 mil hogares de este país –esto es, el 3,7% de los mismos- carecen de ningún tipo de ingresos y viven bien de la caridad bien de la economía sumergida y que ese número se ha multiplicado por cuatro en los últimos cuatro años. Sirva también recordar que en 2009 el 10,8% de los adultos entre 18 y 55 años y el 9,9% de los niños vivían en hogares donde ninguno de sus miembros trabajaba y no olvidemos tampoco que el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza no ha bajado en ningún año del periodo de crecimiento económico del 19,5% y, por tanto, es más que previsible que los próximos datos disponibles nos muestren también su crecimiento exponencial.
de “mejora” en el porcentaje de precarización por la vía de no renovación de los contratos temporales y, aún así, seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con más temporalidad (25,4%) después de Polonia.
de insuficiencia de los ingresos salariales para satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores: en 2008, la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza era del 10,6% y el número de personas que estaban empleadas pero que necesitaban de un segundo trabajo casi se había duplicado entre 1997 y 2009.
de asimetría en el tratamiento fiscal de los salarios frente a las rentas del capital: en este caso el dato es europeo y nos indica que en 2008 la carga fiscal que soportaban las rentas del trabajo (el 16,7%) duplicaba la que aguantaban las del capital (8,6%) por término medio en la Unión Europea.
En definitiva, años de supuesta bonanza a los que han seguido ajuste económico y social puro y duro, sin contemplaciones.
Una huelga general ciudadana
Sin embargo, y a pesar de su necesidad incuestionable, esta huelga tenía que haber sido planteada desde el primer momento desde una perspectiva diferente a la que se ha revestido -esto es, como una huelga de los trabajadores-, a pesar de que, probablemente, no había más posibilidad que plantearla en esos términos.
Me explico. En una sociedad en que los movimientos sociales se encuentran casi desactivados gracias a la tarea sistemática de eliminación de los espacios de encuentro público, de desprecio de las formas de organización colectiva y de fomento del individualismo más exacerbado, sólo unos sindicatos mayoritarios muy debilitados en su legitimidad y credibilidad podían ser los convocantes y, por tanto, el eje de la reivindicación que da sentido a esta huelga necesariamente estaría centrado en la cuestión laboral y su deterioro.
Sin embargo, esta huelga general tiene justificaciones más amplias que trascienden el ámbito laboral a pesar de que éste sigue siendo su eje fundamental porque el reconocimiento de una gran parte de los derechos sociales está vinculado a la participación previa en el mercado de trabajo. Y son más amplias porque la ofensiva neoliberal que ha orquestado este gobierno para, según ellos, sacarnos de la crisis afecta a todos los ciudadanos, a su bienestar y a derechos sociales básicos que ven mermadas sus posibilidades de hacerse efectivos. Es por ello que el llamamiento debiera haberse hecho a toda la ciudadanía, no solicitando su apoyo sino su participación activa. Es decir, había que haber convocado una huelga general ciudadana.
Y es que la huelga sólo puede ser un éxito si cuenta, de entrada, con la participación de los más de cuatro millones de personas que están desempleadas. Ese día los desempleados de este país deben entender que la razón de su desgracia no es culpa de los sindicatos y que, aún pudiendo haberse sentido desamparados por ellos, sólo en un apoyo táctico, al menos por ese día, podrán encontrar esos sindicatos vías para su regeneración. Será entonces, ya pasada la huelga, el momento de exigirles responsabilidades por lo que tuvieron que haber hecho y no hicieron, de reclamarles un cambio de rumbo y proponerles que se sitúen a la vanguardia de un movimiento de regeneración social que centre el recuperación de los vínculos de solidaridad y el respeto y defensa de lo público el eje de su actividad. Pero, insisto, ya después de la huelga y en una situación de empoderamiento; castigarlos ahora sería castigarnos a nosotros mismos y pasar a enfrentarnos solos y de rodillas a la ley del mercado.
Y trabajadores y desempleados deben sentirse acompañados por el resto de la ciudadanía porque, en definitiva, esta crisis nos afecta a todos pero proporcionalmente mucho más a quienes menos tienen.
De hecho, si hay algo frente a lo que indudablemente hay que posicionarse ese día es frente a la asimetría tan brutal con la que este gobierno ha enfrentado la distribución de los costes de la crisis: con independencia de que la misma acabara golpeando a todos los ciudadanos, el gobierno no ha dudado en proteger a bancos e instituciones financieras, para salvaguardar el buen nombre de un sistema bancario que no tuvieron empacho en promocionar como uno de los más sólidos del mundo.
Para ello, han hecho recaer el peso del ajuste sobre el resto de la población: trabajadores que pasan a ingresar las colas del paro o que ven reducido su salario; desempleados que asisten al agotamiento de sus prestaciones sin que se les ofrezcan más que unas ayudas de miseria que necesariamente los abocan a la economía sumergida o a la exclusión social; pensionistas que ven congeladas sus pensiones y, por tanto, reducido su ya de por sí menguado poder adquisitivo; pequeñas y medianas empresas que se ven ahogadas y abocadas al cierre por la restricción crediticia impuesta desde el sistema financiero, agujero negro al que llegan los fondos del Banco Central Europeo y de las emisiones de deuda avaladas por el Estado y que acaparan sin permitir que fluya hacia quienes los necesitan y demandan.
Todos ellos, sin excepción, debieran sentirse interpelados por esta crisis y extraer de ella sus conclusiones. Y la conclusión, a mi modo de ver, no es más que una; la misma que provoca que la población francesa, por ejemplo, salga masivamente a las calles para defender sus derechos sociales: o de una vez por todas se lanza el mensaje de que no estamos dispuestos a pasar por el aro de un programa de ajuste que centra en la clase trabajadora y en el raquítico Estado de bienestar español el centro de recorte o atengámonos a las consecuencias.
Unas consecuencias que nadie debe esperar que sean meramente coyunturales o que pasarán rápidamente. Que nadie se llame a engaños: por mucha palabrería con la que se quiera ocultar, esta crisis va para largo y sus perspectivas de finalización apuntan a un futuro más bien distante y en el que nada asegura que se recuperen los niveles de bienestar y empleo de estos años atrás. De hecho, no tardarán en aparecer economistas liberales y servicios de estudios de instituciones financieras que afirmen que la tasa de desempleo estructural de la economía se ha elevado y que, por lo tanto, debemos acostumbrarnos a vivir con un mayor desempleo o que hay que seguir profundizando en las reformas porque las rigideces del mercado de trabajo impiden disminuir dicha tasa.
Así que, o plantamos cara ahora, de una vez por todas, o acabarán lloviéndonos piedras.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
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