Ensayemos una comparación histórica. En 1789, cuando gracias a la revolución francesa la burguesía tomó el poder político en Francia, ésta clase ya poseía el poder económico. Antes de conquistar el poder político en 1789, los capitalistas franceses eran acreedores del rey de Francia y propietarios de los principales mecanismos del poder económico, o sea, la banca, el comercio, las manufacturas y una parte de las tierras. Después de la conquista del poder político, la burguesía dominó totalmente el Estado y expulsó a los representantes de las antiguas clases dominantes (nobleza y clero), o las sometió totalmente. El Estado se convirtió en un mecanismo bien aceitado al servicio de la acumulación de capital.
A diferencia de la clase capitalista, el pueblo no tiene la capacidad de tomar el poder económico si antes no accede al gobierno. La repetición para el pueblo de la ascensión progresiva hacia el poder que realizaron los burgueses en el marco de la sociedad feudal o de la sociedad de pequeña producción de mercaderías es imposible. El pueblo no acumula riquezas materiales a gran escala, no dirige empresas industriales, ni bancos, ni el gran comercio ni otros servicios. Es a partir del poder político que el pueblo puede emprender las transformaciones en el nivel de la estructura económica y comenzar la construcción de un nuevo tipo de Estado basado en la autogestión.
Y es por ello por lo que es fundamental instaurar una relación interactiva entre un gobierno de izquierda y el pueblo. Éste debe reforzar su nivel de autoorganización y construir desde la base estructuras de poder popular. Esta relación interactiva, dialéctica, puede llegar a ser conflictiva si el gobierno duda en la toma de las medidas que reclama la «base». La presión del pueblo es vital para convencer a un gobierno de izquierda de que profundice el proceso de cambios estructurales que implican una redistribución radical de la riqueza en favor de las y los que la producen. Para ello, se debe acabar con la propiedad capitalista de los grandes medios de producción, de servicios, de comercio y de comunicación transfiriéndolos hacia el sector público y desarrollando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en la agricultura, la pequeña industria, el comercio y los servicios), la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva y las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que, en general, tienen un alto grado de propiedad colectiva).
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