Javier Cordón habla sobre cómo el PP está privatizando los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
Es urgente construir un amplio movimiento social para defender los servicios públicos y lograr la dimisión de Esperanza Aguirre. El agrupamiento de los sectores combativos, combinando posturas firmes y unitarias, parece que hoy es la única palanca posible para lograr dicho frente social.
El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid está ejecutando un plan, cuyo objetivo es que para 2011 las grandes empresas exploten la mayor parte de la sanidad pública. El resultado final de este proceso será desolador: menos camas y menos camas públicas —en la primera fase, se crean 1.350 camas de gestión privada y se cerrarán unas 2.000 públicas— y una drástica reducción de empleo público: están previstos 10.000 despidos en los próximos meses, a los que podrían añadirse aproximadamente otros 7.000 en una fase posterior.
Desde hace un mes, miles de trabajadores de los grandes hospitales han empezado a movilizarse: concentraciones y abucheos al consejero de Sanidad o a Esperanza Aguirre cada vez que visitan un hospital. En una de esas visitas (en el hospital Clínico), la policía incluso llegó a detener a tres trabajadores (uno de ellos representante de los trabajadores en la Junta de Personal), que hoy están pendientes de juicio y acusados de graves cargos.
Tales movilizaciones se vienen a añadir a otras realizadas desde primeros de año por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), por la Asociación en Defensa del Severo Ochoa y por plataformas vecinales y laborales. Por su parte, el sector de la enseñanza comienza a retomar el hilo de las movilizaciones que tuvieron lugar antes del verano, momento en que se produjeron huelgas y manifestaciones con gran participación ciudadana.
Tan importante como estos hechos, es que el descontento ciudadano no para de crecer. Por la mala calidad asistencial de los ocho nuevos hospitales —propiedad de empresas privadas, que explotan total o parcialmente la actividad que se desarrolla en los mismos—, que se está contagiando a los hospitales públicos a causa de la transferencia de recursos de éstos hacia aquéllos. Por el deterioro de la enseñanza pública, a la que cada vez se la priva de más recursos. Por el anuncio de la privatización del agua. Por los recortes en los servicios sociales de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Y todo ello en el marco de una crisis económica que tiende agravarse y ante el espectáculo de la transferencia de miles de millones de euros a la banca y a las grandes empresas.
Tan importante como estos hechos, es que el descontento ciudadano no para de crecer. Por la mala calidad asistencial de los ocho nuevos hospitales —propiedad de empresas privadas, que explotan total o parcialmente la actividad que se desarrolla en los mismos—, que se está contagiando a los hospitales públicos a causa de la transferencia de recursos de éstos hacia aquéllos. Por el deterioro de la enseñanza pública, a la que cada vez se la priva de más recursos. Por el anuncio de la privatización del agua. Por los recortes en los servicios sociales de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Y todo ello en el marco de una crisis económica que tiende agravarse y ante el espectáculo de la transferencia de miles de millones de euros a la banca y a las grandes empresas.
Cuanto más avanzan las condiciones para una amplia y sostenida movilización social, más claro se ve el papel de freno que juegan las direcciones de la izquierda institucional y los sindicatos mayoritarios, así como también se vislumbra cómo las posiciones sectarias ayudan al aislamiento de las luchas. Las cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT se están negando a generalizar la movilización que se está produciendo en los hospitales. Tampoco plantean ninguna perspectiva de unificación de los conflictos que se están produciendo en los sectores públicos. El PSOE todo lo que sabe decir es que la ocasión de parar esta ofensiva vendrá en las próximas elecciones autonómicas y a la vez explica que lo hecho para entonces no se podrá cambiar. Finalmente, IU se limita a anunciar iniciativas legislativas e interpelaciones parlamentarias.
En estas condiciones sólo existe una vía a seguir: la del agrupamiento de los movimientos sociales, del sindicalismo combativo y de la izquierda anticapitalista, junto a la FRAVM (única organización grande que trata de dar esta batalla). Tal agrupamiento podría actuar en tres ejes. Primero, explicando que si triunfan las políticas del PP, Madrid sufrirá una regresión social histórica y de enormes consecuencias para esta Comunidad y para el resto del Estado (quedaría abierto el camino para la extensión del modelo a otras comunidades); regresión que tardará años en revertirse. Una derrota de este calibre haría que el sentimiento de impotencia quedase grabado profundamente en la cabeza de la población. Contra esto es necesario la movilización para defender los servicios públicos y para exigir la dimisión de su mayor agresora: Esperanza Aguirre. Segundo, ayudando a coordinarse a los sectores que ya se están movilizando y a que se incorporen otros a la lucha. Tercero, apoyándose en los sectores movilizados, presionar a las direcciones mayoritarias, mediante la crítica y el emplazamiento, con el objetivo de conseguir que pongan los medios de los que disponen, y que son muchos, al servicio de la movilización.
Hoy por hoy parece difícil que amplios sectores sociales estén dispuestos a movilizarse al margen de estas organizaciones. Lo harán, en todo caso, cuando comprendan lo que hay en juego y que de las organizaciones mayoritarias poco se puede esperar. El reto es grande, pero la situación requiere apostar por ello con todas las fuerzas, desde Madrid y con ayudas del resto del Estado.
Javier Cordón es delegado en la Junta de Personal del Hospital Ramón y Cajal por el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad y miembro de Espacio Alternativo.
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